El marco legal exige del evaluador de proyectos un agudo sentido crítico para
calificarlo, como también para maximizar su utilidad. Ello implica una aplicaciór
inteligente y acertada de la ley, aplicación que se basa en que el proyecto considerado, de efectuarse, se traducirá en la organización de una empjesa, institución
que aparte de considerarse social y económicamente como una unidad eficiente,
es un ente jurídico, en el que normalmente se entrelazan interdependientemente
contratos de sociedad, de transporte, de suministro, de compraventa, de trabajo,
y un sinfín de operaciones y actos jurídicos, que, concurriendo simultánea y suce
sivamente, generan las relaciones económicas, producen rentabilidades o pérdidas,
afectando, entonces, a la viabilidad misma del proyecto. Cabe sostener, pues, que
en la empresa y en todo proyecto se da el amplio universo legal de derechos y
obligaciones, provenientes por lo común de la ley y del contrato como fuente de
su existencia.
Ahora bien, aceptado que un proyecto envuelve múltiples operaciones jurídi- cas, regulaciones de distintas índole que deben observarse, etcétera, cuyo conoci- miento es esencial para su formalización, resulta de la mayor trascendencia el examen del proyecto a la luz de la normativa vigente, para extraer modalidades de operación que redunden en reblas de costos e incremento de las utilidades. Justamente, la aplicación inteligente y acertada de la ley a que se ha hecho referencia determina y obliga a analizar reflexivamente aspectos del proyecto tales como la actividad que propiamente se desea emprender, la forma de organización, la locali- zación espacial, todo ello desde los ángulos tributario, civil, comercial y, en su caso, de la legislación sobre la energía, la minería, el agro, y la industria, por mencionar sólo algunas áreas relevantes.
El conocimiento de la legislación aplicable a la actividad económica comercial
resulta, pues, fundamental para el desarrollo eficaz de los proyectos, no tan sólo
por las inferencias económicas que pueden derivarse del análisis jurídico, sino
también por la necesidad de conocer adecuadamente las disposiciones legales
aplicables al proyecto, de forma que se logre evitar las trabas administrativas y
que el desarrollo del proyecto se desenvuelva con fluidez y oportunidad.
La legislación económica y financiera es distinta en cada país y depende de
su desarrollo, tecnología, cultura, tradiciones, etcétera Consecuentemente, las
prioridades jurídicas en torno a la economía resultan, a su vez, muy diferentes de
país en país y conllevan siempre cierto grado de complejidad.
Ahora bien, aceptado que un proyecto envuelve múltiples operaciones jurídi- cas, regulaciones de distintas índole que deben observarse, etcétera, cuyo conoci- miento es esencial para su formalización, resulta de la mayor trascendencia el examen del proyecto a la luz de la normativa vigente, para extraer modalidades de operación que redunden en reblas de costos e incremento de las utilidades. Justamente, la aplicación inteligente y acertada de la ley a que se ha hecho referencia determina y obliga a analizar reflexivamente aspectos del proyecto tales como la actividad que propiamente se desea emprender, la forma de organización, la locali- zación espacial, todo ello desde los ángulos tributario, civil, comercial y, en su caso, de la legislación sobre la energía, la minería, el agro, y la industria, por mencionar sólo algunas áreas relevantes.
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