BIBLIOGRAFIA

ARGERI, Saúl A. Diccionario de derecho comercial, y de la empresa. Buenos Aires: Astrea,
1982.
CARRASCO VASQIJEZ, Jorge. Evolución del derecho de quiebras en Chile. Santiago: Edito-
rial Jurídica, 1982.
CASTRO OSSANDON, Hernán. Nueva legislación sobre sociedades anónimas. Santiago:
Editorial Jurídica, 1982.
CHILE, Banco Central, legislación económica chilena y de comercio internacional. Santia-
go, 1982.
Código de comercio de Chile y leyes complementarias.
. Estatuto de la inversión extranjera. Santiago: Editorial Jurídica, 1978.
Ley antimomrpolios; jurisprudencia del comité resolutivo (1974-1977). Santiago:
Editorial Jurídica, 1978.
Nuevas normas sobre la ley de quiebras y procedimiento: ley 19.092. Santiago:
Editorial Jurídica, 1982.
I >ROMI, .losé R. Derecho administrativo económico, 2 vols. Buenos Aires: Astrea, 1982.
DUCCI, Carlos. Ley de quiebras. Santiago: Editorial Jurídica, 1982.
FERNANDEZ, José. Régimen jurídico de la administración municipal. Santiago: Edito-
rial Jurídica, 1982.
HERNANDEZ, Nenny. Normativa municipal vigente. Santiago: Editorial Jurídica, 1980.
INSTITUTO DE ESTUDIOS BANCARIOS. Aspectos legales del sector financiero. Santiago,
1981.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Explique la importancia del marco legal en la evaluación de! proyecto. 

2. Señale algunas de las disposiciones jurídicas que se han dictado en los Estados Unidos, detallando los objetivos perseguidos en cada una de ellas. 

3. Exponga las razones por las que es necesario establecer una regulación legal del com- portamiento de los agentes económicos. 

4. Efectúe una comparación de las distintas opciones, en nivel general y particular, de ordenamiento de la estructura social. 

5. ¿Qué consideraciones debe adoptar el evaluador y preparador de proyectos frente a las normas jurídicas vigentes? 

6. Señale las formas que puede adoptar la unidad económica que podría desarrollar el proyecto y los aspectos que deberán estudiarse con profundidad para el establecimiento de los flujos. 

7. Indique la importancia del análisis tributario en la evaluación. 

8. ¿Qué consideraciones legales se debe tener en cuenta para la adecuada localización del proyecto?

Resumen - II

El marco de referencia legal del proyecto deberá definirse con antelación al proceso evaluador, de manera que se pueda determinar si la iniciativa que se desea desarrollar no resulta viable dadas las características específicas del marco norma- tivo legal.
Asimismo, se deberá medir los desembolsos que pueden llevar implícitos las distintas alternativas de organización legal de la empresa que desarrollará el proyecto. Entre las formas legales más represéntativas de la organización empresarial en países de economía privada o mixta, se distinguen la propiedad particular, la sociedad de personas de responsabilidad limitada, la sociedad anónima o corpora- ción y la organización cooperativa comunitaria. Frente a estas alternativas, el evaluador debe efectuar un análisis exhaustivo de cada una de ellas, de manera de poder definir las ventajas que reporta una determinada forma de organización empresarial con respecto a otra.

El análisis de la legislación tributaria que afecta a las empresas constituye un elemento imprescindible de tomar en cuenta por el evaluador, que necesariamente deberá incorporar en los flujos los efectos tributarios respectivos. 

Finalmente, deberán tenerse en cuenta los distintos factores legales que pueden afectar al proyecto en sus distintas etapas. Tanto en la localización, como en el estudio técnico, el financiamiento, la administración, la organización y otros aspec- tos relevantes para le evaluación, deberían considerarse los factores que la legis- lación le puede imponer al proyecto y cómo ellos afectan al proyecto de cuantifi- cación de los flujos.

Resumen - I

Las actividades que desarrolla el hombre en sociedad requieren de normas que regulen ios derechos y deberes de sus miembros. Toda actividad empresarial y los proyectos que de ella se originan se encuentran incorporados a un determinado ordenamiento jurídico. Resulta imprescindible el conocimiento de la legislación y de las normas que pueden ser aplicables al proyecto que se desea evaluar. 

Cada país dispone de un ordenamiento legal diferente, de acuerdo con las concepciones jurídicas que sus miembros hayan establecido en el transcurso de su vida institucional. En todo país la actividad económica está fiscalizada y controlada por organis- mos encargados de hacer cumplir la norma legal establecida en el ordenamiento jurídico, lo que regula la conducta de los agentes económicos.

 Los proyectos se sitúan en él contexto de la realidad social, con todas sus leyes, normas y reglamen- tos, lo que obliga al preparador y evaluador de proyectos a considerar necesaria- mente el marco legal er. que se desarrollará el proyecto. Siempre existen en los países normas legales de carácter general, sin perjuicio de legislaciones de tipo federal, regional, local, municipal, etcétera. 

El preparador y evaluador de proyectos deberá conocer el marco normativo general y específico, de manera tal que pueda disponer de los elementos analíticos imprescindibles para la correcta evaluación del proyecto. Los aspectos legales que deben considerarse abarcan también la forma de organización que adopte la unidad económica que podría desarrollar el proyecto. 

Cada país define distintos tipos de organización de las empresas y también establece normas tributarias, administrativas, contables, fiscalizadoras, etcétera, que de he- cho afectan de una manera u otra a la empresa encargada de la implementación del proyecto.

Otras consideraciones de carácter legal que deben tomarse en cuenta - III

El financiamiento del proyecto también está condicionado por normas legales que regulan tanto la intermediación financiera como las operaciones bancarias. El análisis debe incluir, entre otros aspectos, los siguientes: Estudio de la legislación bancaria nacional. 

Análisis de las normas que regulan las operaciones de crédito. Análisis de las disposiciones sobre comercio exterior. Determinación de las franquicias, estímulos, incentivos financieros, etcétera, que podrían obtenerse para los bienes y servicios que producirá el proyecto. 

Estudio de la legislación extranjera en torno a la importación de bienes, materias primas, franquicias que le correspondería percibir al exportador, etcétera. La implementación de un proyecto puede significar la participación de varias entidades de distinta naturaleza jurídica. 

Deberá, por tanto, considerarse las con- notaciones legales que se derivan de esa participación. Para ello es necesario lo siguiente: Estudio legal de las relaciones entre las distintas instituciones participantes. Establecimiento de las normas legales contractuales que regirán la relación interactiva de las instituciones. Análisis de las especificaciones por las cuales cada institución establece sus derechos y deberes, tanto financieros como administrativos. 

Determinación de los costos que estas operaciones legales significan para el proyecto, con el objeto de incorporarlos en los flujos correspondientes.

Otras consideraciones de carácter legal que deben tomarse en cuenta - II

Determinación de los honorarios de los profesionales que efectúen dicho estudio. Análisis de los derechos de propiedad. Este estudio resulta principalmente válido en proyectos cuya complejidad y envergadura comprometen el derecho de otros en torno a las connotaciones de implementación del proyecto. 

Por ejemplo, en el trazado de un ferrocarril metropolitano, que utiliza el subsuelo para su recorrido, debería estudiarse la propiedad del subsuelo, los derechos que le podrían pertenecer a los servicios de agua, alcantarillado, teléfonos y otros que también utilizan el subsuelo, el acceso al ferrocarril a través de edificaciones particulares, etcétera. 

Un caso similar ocurre también con la construcción de una represa hidroeléc- trica, en donde se debe estudiar legalmente las implicaciones que su construcción significa, puesto que probablemente se utilizarán aguas sobre las cuales existen derechos de terceros, la construcción y uso de caminos que deben pasar por terrenos privados, la creación de servidumbres de terrenos vecinos, etcétera. En el estudio técnico también puede existir la necesidad de efectuar un estudio exhaustivo de algunas variables legales que afectan a la tecnología del proyecto. 

+Estudio de la legislación tributaria que afecte a los equipos y maquinarias que deben importarse. Determinación de la legislación tributaria y posibles franquicias o pago de derechos o regalías por uso de patentes, marcas u otras obligaciones existentes en los países exportadores de maquinaria y tecnología, a fin de establecer las alternativas más convenientes de adquisición de maquinarias y equipos de acuerdo con los estudios indicados en la ingeniería del proyecto.

Otras consideraciones de carácter legal que deben tomarse en cuenta - I

Desde el origen del proyecto, el preparador y evaluador se verá enfrentado a diversas instancias legales que el ordenamiento jurídico existente en el lugar donde se desarrollará el proyecto lo obliga a considerar. Además del análisis sobre el tipo de sociedad o compañía que podría formarse selectivamente para la implementación del proyecto de acuerdo con sus características propias, deberán tenerse en cuenta los efectos que la legislación le impone al proyecto. 

+Por consiguiente, deberá determinarse cómo podrían ellos afectar a los flujos, mediante un proceso de cuantifícación e incorporación de ellos en la evaluación. De esta forma adquiere relevancia el análisis legal, especialmente en lo que dice relación con la localización, estudio técnico, financiamiento y organi zación. 

+Los aspectos legales más importantes relacionados con la localización del proyecto son los siguientes: Estudio de títulos del bien raíz, que incluye el estudio y determinación de vigencia del dominio y la existencia eventual de hipotecas, litigios, prohibiciones y, en general, gravámenes que podrían afectar al terreno de localización óptima como impuestos sobre predios o terrenos, calculados sobre avalúos fiscales de carácter oficial. Determinación de otros pagos de contribución territorial y las exenciones que podrían favorecerle. Determinación de los gastos notariales, de transferencia, inscripciones, etcétera, que afectan a la adquisición del terreno elegido, en el caso de su compra.

Análisis de la situación de los terrenos adyacentes, estableciendo la posible existencia de derechos que puedan tener los propietarios vecinos y que de alguna manera pueden afectar al costo del proyecto (derechos de agua, demarcación de límites, construcciones, medianeras y aspectos similares).

Formas de organización legal de las empresas - III

Los aspectos tributarios o impositivos instituidos por la legislación para cada una de las formas de organización empresarial tienen que ser estudiados detenida- mente por el preparador y evaluador de proyectos, para incorporar el resultado de su análisis en los flujos de proyectos.2 

Las ganancias de una propiedad individual están gravadas tributariamente como ingreso personal del propietario. Una sociedad de personas (por ejemplo, una compañía de responsabilidad limitada) puede estar inicialmente gravada como persona jurídica y posteriormente quedar el ingreso personal de los propietarios o socios afectado por los impuestos a la renta y global complementario o adicional, según sea el caso, como consecuen- cia de las utilidades de la persona jurídica. 

Por su parte, estas rentas pueden incrementarse con otros ingresos que posean las personas socias de la empresa, lo que las afectaría adicionalmente en sus tributos. En caso de que la política tributaria del país tenga incorporados tramos de pagos de tributos de acuerdo con los ingresos de las personas, éstos crecerán más que proporcionalmente, a medida que se incrementan las utilidades susceptibles de ser incorporadas en las rentas personales de los socios. Naturalmente, no todas las legislaciones tributarias son iguales. 

El régimen impositivo, en efecto, depende del desarrollo económico, de las concepciones políticas imperantes y otros factores. Por ende, varía de país en país y dentro de cada uno de ellos va sufriendo, además, modificaciones con el transcurso del tiempo. 

Lo importante para el preparador y evaluador de proyectos será conocer cómo afectan los tributos vigentes en el momento de la evaluación del proyecto y los que inminentemente -según su conocimiento fidedigno- vayan a imponerse próximamente e incorporar en sus fliyos los efectos tributarios que lo afectan.

Formas de organización legal de las empresas - II

El marco de referencia legal del proyecto deberá evaluarse y definirse con antelación al proceso evaluador. En muchas ocasiones no será necesario evaluar un proyecto, si la iniciativa que se desea desarrollar resulta irrevocable, atendidas las características específicas del marco normativo legad determinado aplicable. Por otra parte, el proceso de preparación y evaluación de proyectos deberá medir eficazmente los desembolsos que éste generará. 

El dimensionamiento económico debe incorporar los factores legales que lleva involucrado el proyecto evaluado, y por consiguiente incluir en los flujos correspondientes los costos inherentes a la alternativa legal más conveniente para el desarrollo del proyecto.

De esta forma se podrá garantizar la máxima exactitud que el evaluador debe exigir al preparar los antecedentes necesarios para la evaluación. Entre las formas legales mas representativas de la organización empresarial en países de economía privada o mixta, se pueden distinguir las de empresario individual, sociedad de personas de responsabilidad limitada, sociedad anónima o corporación y la organización cooperativa o comunitaria. 

En la primera de ellas actúa una persona natural; las restantes se conocen legalmente en todo el mundo; desde el derecho romano, con la denominación de personas jurídicas, morales o abstractas. Todas ellas adoptan distintas formas y características y están regidas por normas legales, tributarias, de fiscalización, administrativas, etcétera, que de hecho son distintas unas de otras. 

También pueden ser diferentes dependiendo de la normativa legal existente en cada país. Frente a las alternativas posibles de organización empresarial, el evaluador debe efectuar un análisis prolyo y cuidadoso de ellas, a fin de poder determinar cualitativa y, más importante aún, cuantitativamente, las ventajas e inconvenientes que implica una determinada forma de organización empresarial con respecto a otra.

Formas de organización legal de las empresas - I

El evaluador de proyectos deberá considerar cuál es la forma de organización adecuada para la unidad económica que podría desarrollar el proyecto. La consti- tución social de una unidad económica puede tener distintas formas de organización y, por lo tanto, distintos costos inherentes a cada una de ellas. No es posible definir a priori cuál es el esquema de organización empresarial más adecuado. 

Deberán estudiarse con detención las características del proyecto, el volumen de operación, el capital requerido, el número de personas en él involucradas, la situación de los socios, el esquema de la legislación tributaria y laboral y cómo ésta afecta a cada una de las variables importantes del proyecto, etcétera. 

Cada país define en su normativa legal formas de organización de las empresas. Por otra parte, cada legislación establece normas tributarias, laborales, administra- tivas, contables, de fiscalización y control que afectan de distinta manera a cada una de las posibles formas de organización empresarial. Asimismo, existen determinadas actividades que podrían estar restringidas en un país o en una zona específica de un territorio. En muchas naciones se restringe, por ejemplo, la actividad bancaria, financiera y aseguradora. También existen restricciones para actividades vinculadas al juego de azar, la creación de canales de televisión, espectáculos y otros rubros. 

En otros casos, el control de la prensa por gobiernos dictatoriales impide que se creen nuevos periódicos o revistas. El prepa- rador y evaluador de proyectos deberá, en consecuencia, conocer no tan sólo las distintas alternativas de organización empresarial, sino también debe disponer de eficaz información de nivel nacional y local en relación con las distintas restriccio- nes que pueden afectar al proyecto cuya evaluación aborda.

El ordenamiento jurídico de la organización social - II

De lo anterior se desprende que de hecho existen en los países cuerpos legales válidos para toda la jurisdicción territorial de la nación, los que necesariamente deberán tomarse en consideración en todo proyecto que se desee evaluar. 

Sin perjuicio de la existencia de un marco normativo legal de carácter general, pueden existir legislaciones sectoriales, de carácter federal, regional, local, canto- nal, municipal, etcétera, que pueden ser distintas de una a otra región o de una a otra ciudad. 

Así, por ejemplo, varios países disponen de zonas francas o libres de impuestos y gravámenes. El proyecto que opere en el marco normativo de esas zonas tendrá que considerar variables distintas a las aplicables en otras zonas del mismo país. 

Por otra parte, pueden existir normas propias para determinados municipios, comunas o localidades, las que, sin apartarse del marco normativo general, establez- can ordenanzas, decretos, resoluciones y otros instrumentos que regulen la orga- nización social.

El ordenamiento jurídico de la organización social - I

Sin lugar a dudas, el ordenamiento jurídico de la organización social condiciona al mecanismo operacional de los proyectos de inversión. 

En algunos casos especí- ficos, se cuenta con que la constitución política de una determinada nación precep- túa normas que obligan a los proyectos a seguir una determinada dirección. Usual: mente dichas normas se referirán al dominio, uso y goce de ciertos bienes que, por su naturaleza estratégica, su valor intrínseco, su escasez, etcétera, se reservan al Estado, compartiéndose en oportunidades su explotación con los particulares, y a veces sólo con los nacionales del país, de acuerdo con el régimen de concesión, calidad que autoriza la operación en modalidades de permisos y tolerancias de distinta apertura y responsabilidad. Inclusive, algunos proyectos nacidos de una decisión gubernamental pueden estar impedidos de implementarse, por las dispo- siciones establecidas en la constitución. 

Este fue el caso, verbigracia, del proyecto de reforma agraria en Chile, que tuvo que ser aprobado por el Congreso Pleno, puesto que hubo que reformar la Constitución Política.1 Por otra parte, la normativa legal de los actos de comercio se regula por códigos de comercio que incorporan toda la experiencia legal mercantil, e incluso la costumbre comercial, lo que deberá conocer el preparador y evaluador de pro- yectos.

Asimismo, la legislación laboral, que puede gravitar fuertemente en el presu- puesto de un proyecto, según sean las disposiciones del código del trabajo pertinen- tes a la indemnización por años de servicio y desahucio de los trabajadores.

La importancia del marco legal - IV

En general, en todos los países del mundo, la actividad económica está fisca- lizada y controlada por instituciones estatales encargadas de hacer cumplir el ordenamiento vigente. Las leyes que regulan la conducta de los agentes económicos establecen principios generales de acción, válidos para todas las actividades comer- ciales, desde los códigos generales hasta los cuerpos normativos particulares y, aun, reglamentarios. 

La dinámica de la organización social en todas sus formas obliga a la sociedad a ir generando en el tiempo, y de acuerdo con las cambiantes y propias circunstan- cias locales, distintas leyes, normas, reglamentos, estatutos o modalidades contrac- tuales que defiendan el interés social, condicionando la actividad comercial y económica a las dicisiones que los organismos representativos del orden social imponen -la ley manda, prohibe o permite- como las más adecuadas para el bien común. 

Los proyectos, para ser auténticos, deben surgir del contexto de la realidad social, lo que obliga al preparador y evaluador de proyectos a considerar, necesariamente, el marco legal en que se desarrollará y enmarcará el proyecto que se desea evaluar.

La importancia del marco legal - III

En los Estados Unidos, por ejemplo, según se sabe, se han dictado distintas leyes en relación con el monopolio, con el fin de buscar a través de ¡su sistema jurídico propio y auténtico (es decir, que surge de la comunidad y de sus valores) un marco eficaz que permita al mercado funcionar libremente. Este objetivo es prioritario para una sociedad y una economía como las de Estados Unidos."

 En respuesta a la formación de los grupos económicos y a la creciente concentración de la industria en esa nación a fines del siglo diecinueve, el Congreso de ese país aprobó la ley Sherman, que establece la ilicitud de cualquier trato que entrañe o tenga como consecuencia la limitación al libre comercio, sea a través del trust, los monopolios u otra forma de organización empresarial que concentre el poder y la decisión económica en unas pocas manos. 

Posteriormente, en 1914, se aprueba complementariamente la ley Clayton, cuerpo legal que establece, por su parte, la prohibición de juntas directivas interre- lacionadas, fundada en que dicha modalidad organizativa menoscaba el libre comer- cio. Asimismo, se prohibía la compra de una compañía por otra del mismo giro u objeto social, si ello disminuía sustancialmente la competencia. Finalmente, se prohibía la suscripción de "contratos atados", o sea, aquéllos en virtud de los cuales se obligaba a un comprador a adquirir otros productos de la línea del vendedor. El mismo año 1914 se crea, además, la Comisión Federal de Comercio, desti- nada a pronunciarse jurisdiccionalmente sobre los "métodos injustos de competencia". En la actualidad esta comisión tiene, además, a su cargo la función de controlar la publicidad distorsionadora y la mala representación de los productos. 

De esta manera, las leyes denominadas Sherman y Clayton, así como la Comi- sión Federal de Comercio, han constituido el fundamento doctrinario y positivo de la política antimonopolio de los Estados Unidos, concepción de raíces tan hondas en la cultura y visión de la economía de ese pueblo. En los países de mayor desarrollo jurídico, se dispone de legislación específica para cada área de la actividad económica. Por lo tanto, la factibilidad legal de un proyecto en esos países está inserta en un cuerpo legal particular o específico, cuya consulta y análisis es, por tanto, indispensable.

La importancia del marco legal - II

El marco legal exige del evaluador de proyectos un agudo sentido crítico para calificarlo, como también para maximizar su utilidad. Ello implica una aplicaciór inteligente y acertada de la ley, aplicación que se basa en que el proyecto considerado, de efectuarse, se traducirá en la organización de una empjesa, institución que aparte de considerarse social y económicamente como una unidad eficiente, es un ente jurídico, en el que normalmente se entrelazan interdependientemente contratos de sociedad, de transporte, de suministro, de compraventa, de trabajo, y un sinfín de operaciones y actos jurídicos, que, concurriendo simultánea y suce sivamente, generan las relaciones económicas, producen rentabilidades o pérdidas, afectando, entonces, a la viabilidad misma del proyecto. Cabe sostener, pues, que en la empresa y en todo proyecto se da el amplio universo legal de derechos y obligaciones, provenientes por lo común de la ley y del contrato como fuente de su existencia.
Ahora bien, aceptado que un proyecto envuelve múltiples operaciones jurídi- cas, regulaciones de distintas índole que deben observarse, etcétera, cuyo conoci- miento es esencial para su formalización, resulta de la mayor trascendencia el examen del proyecto a la luz de la normativa vigente, para extraer modalidades de operación que redunden en reblas de costos e incremento de las utilidades. Justamente, la aplicación inteligente y acertada de la ley a que se ha hecho referencia determina y obliga a analizar reflexivamente aspectos del proyecto tales como la actividad que propiamente se desea emprender, la forma de organización, la locali- zación espacial, todo ello desde los ángulos tributario, civil, comercial y, en su caso, de la legislación sobre la energía, la minería, el agro, y la industria, por mencionar sólo algunas áreas relevantes.

El conocimiento de la legislación aplicable a la actividad económica comercial resulta, pues, fundamental para el desarrollo eficaz de los proyectos, no tan sólo por las inferencias económicas que pueden derivarse del análisis jurídico, sino también por la necesidad de conocer adecuadamente las disposiciones legales aplicables al proyecto, de forma que se logre evitar las trabas administrativas y que el desarrollo del proyecto se desenvuelva con fluidez y oportunidad. La legislación económica y financiera es distinta en cada país y depende de su desarrollo, tecnología, cultura, tradiciones, etcétera Consecuentemente, las prioridades jurídicas en torno a la economía resultan, a su vez, muy diferentes de país en país y conllevan siempre cierto grado de complejidad.

La importancia del marco legal - I

En toda actividad en la cual se desarrollan interacciones se requiere de normas que regulen el comportamiento de los sujetos que intervienen en ella. Estas normas interactúan permanentemente y regulan los deberes y derechos que toda sociedad organizada establece para sus miembros. 

La actividad empresarial y los proyectos que de ella se derivan se encuentran incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que regula el marco legal en el cual los agentes económicos se desenvolverán. El estudio de factibilidad de un proyecto de inversión debe asignar especial importancia al análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del proyecto, tanto en su etapa de origen como en su implementación y ulterior puesta en marcha. Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco legal de referencia en el que se encuentran incorporadas las disposiciones particulares que establecen lo que legalmente está aceptado por la sociedad; es decir, lo que se manda, prohibe o permite a su respecto especifico. 

La preparación y evaluación de proyectos requiere analizar el referido marco legal, el que constituye un condicionamiento cuya importancia no desmerece de la del mercado en lo económico. Efectivamente, el origen, la puesta en marcha, la implementación y el curso o régimen del proyecto, como la forma de liquidarlo, reemplazarlo o modificarlo, precisan atenerse al ordenamiento jurídico, sujeción que obliga a explorar y aprovechar en cada una de estas etapas las opciones más relevantes que el sistema legal ofrece.

Para estos efectos, el sistema legal puede definirse como el conjunto normativo que rige a una sociedad, obedeciendo a principios y directrices definidos, tales como el sentido jerárquico de las normas. Así, la resolución se atiene al reglamento, éste a la ley y la ley a la constitución. Otros principios, como aquéllos que regulan el régimen de los bienes, la propiedad, etcétera, tienen indiscutible interés en la materia que se expone.

Estudios Legales

Incorporado a los aspectos organizacionales se encuentra el estudio del marco legal en que deberá desarrollarse el proyecto. 

Cada nación dispone de un determi- nado ordenamiento jurídico Fyado por su constitución política, leyes, reglamentos, decretos, costumbres, etcétera, ordenamiento que se expresa en normas permisivas, prohibitivas e imperativas que de alguna manera u otra pueden afectar al proyecto que se está evaluando y, por lo tanto, condicionar los flujos y desembolsos que se generarán en su ulterior implementación. 

El objetivo de este capítulo es presentar distintos criterios analíticos que deberán tenerse en cuenta y que permitirán enfrentar de una manera adecuada los aspectos legales que el ordenamiento jurídico establecido instituye y la forma y medida en que ellos afectan al proyecto. Antes de adoptar cualquier decisión respecto a la asignación de recursos para un proyecto, el preparador y evaluador deberá, por consiguiente, considerar el marco legal en el que éste se desarrollará. 

El análisis en referencia permitirá medir los alcances de la legislación en términos de la cuantificación de los recursos que deberán destinarse para la correcta implementación legal del proyecto.