La evaluación de proyectos requiere definir una función objetivo, es decir, una pauta de deseabilidad, contra la cual comparar el impacto de las alternativas de proyecto. En la empresa privada, la función objetivo es clara; como ya vimos, se trata de maximizar la riqueza total generada por el proyecto, expresada en unidades monetarias de hoy. Así, los proyectos son convenientes si aumentan la riqueza de la empresa, o sea de los accionistas.
En el caso de la evaluación social, la cuestión no es tan clara. Es más o menos obvio que se busque maximizar la riqueza social; el problema es que no es tan fácil definirla, ni evitar la cuestión de cómo afecta el proyecto la distribución de la misma. ¿Cómo evaluar un proyecto que busque redistribuir la riqueza, y no genere ninguna (adicional)?
El punto crítico, entonces, es definir una función objetivo social –una función de bienestar socia – que incluya, por ejemplo, tanto la riqueza como su distribución. La función objetivo sirve para representar las preferencias entre estados alternativos de la economía (con y sin proyecto). Conocida la función objetivo, sólo restaría ver qué proyectos la maximizan.
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